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El conflicto de los Balcanes y la guerra de la Antigua Yugoslavia sucedieron hace tres décadas. Nada permitía presumir a finales de los años ochenta que ese país iba a saltar en pedazos, dividiéndose en un conjunto de Repúblicas, al precio de casi 200.000 muertos, millones de desplazados, y la destrucción de planes de vida, economías, ciudades, etc.. Así lo afirma Bojan Gavrilovic, jefe del programa derechos y justicia de la Fundación Jiyan para los derechos humanos.
Nadie puede negar hoy que España es un “país de inmigración”. Tampoco que la cuestión migratoria ha vuelto a resurgir en los últimos años como un tema de debate en la agenda pública y política del país. Pero no es menos cierto que las cuestiones relacionadas específicamente con la gobernanza migratoria siguen estando ausentes en los debates públicos y que, en pleno cambio del escenario internacional, se hace necesario preguntarse hasta qué punto los instrumentos existentes están preparados para afrontar los retos de una nueva década de movilidad en España.
Hacer la paz es difícil, una paz que va mucho más allá de detener la confrontación. Esta paz, supone retos en materia de desarrollo económico, reconocimiento de derechos civiles, reparación de víctimas y reconstrucción del tejido social.
El domingo 20 de marzo, miles de personas salimos a las calles de Madrid en la manifestación ‘No a la guerra de Putin’ convocada por organizaciones pacifistas y sindicatos en una iniciativa impulsada por el Movimiento por la Paz -MPDL-.
