El Rey recibe en audiencia a la Plataforma del Tercer Sector

El Rey Felipe recibió el 14 de Febrero en audiencia a la Comisión Permanente de la Plataforma del Tercer Sector, constituida por las principales instituciones de acción social del país, casi 28.000 entidades sociales.

La Plataforma del Tercer Sector estaba encabezada por el presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, Luciano Poyato Roca. El objetivo del encuentro es el reconocimiento de derechos como un “potente” mecanismo de inclusión social, al tiempo que ha manifestado que las ONG de Acción Social desempeñan un rol “imprescindible” en el sistema de producción de bienestar en España.

Esta Plataforma se constituyó en enero de 2012 para defender, a través de una única voz para defender los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Con este objetivo se unieron las siete organizaciones más representativas del ámbito de lo social: la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

A ellas se han unido posteriormente entidades colaboradoras y Plataformas del Tercer Sector de ámbito regional. A día de hoy, la Plataforma está compuesta por veinte organizaciones y representa a cerca de 28.000 entidades del Tercer Sector, de las que forman parte 577.000 trabajadores y 1,5 millones de personas voluntarias.

En el encuentro se han presentado los principales logros de la plataforma. Poyato ha asegurado que el Tercer Sector está teniendo un papel “fundamental” en esta crisis ya que, gracias a sus estructuras y redes, se están sosteniendo las necesidades de los colectivos más vulnerables. Además, se ha defendido la necesidad de cooperar y colaborar en la defensa de los derechos sociales de las personas, los derechos a la vivienda, la educación, la accesibilidad o la integración. Ésto unido a la importancia del diálogo y la interlocución con los poderes públicos para alcanzar lo establecido en la Constitución Española que no es otro que ‘asegurar a todas las personas una digna calidad de vida’.

También han recalcado la necesidad de participar en la programación de los fondos europeos 2021-2027 y en otras vías que permitan seguir atendiendo con la misma garantía y solvencia.