Poco tiempo antes, el número 119 (2015), Refugiados, reflexionaba sobre el fracaso de la política de refugiados de la UE, las políticas de asilo, las rutas o la posición de algunos países. Este número 135 (2019) profundiza en el Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular, que puede permitir tal vez abordar de manera rigurosa una cuestión recurrente, que como otras, por ejemplo el cambio climático, exige que la Comunidad internacional tome conciencia y adopte medidas basadas en valores.

Los movimientos de población ponen en cuestión los valores de la modernidad, en particular la igualdad, la dignidad y la solidaridad. El estatuto cívico político de las personas se ha atribuido a los ciudadanos, no a los foráneos, a los extranjeros o migrantes. En el siglo XXI y desde la segunda mitad del siglo XX los movimientos de población transnacionales marcan la agenda de nuestro tiempo y exigen transformaciones. Como indica A Ares, director del Instituto universitario de migraciones de la universidad de Comillas hay 1000 millones de personas en movimiento, de los que 271, 6 millones son migrantes internacionales, lo que aumentará por cuestiones tales como el incremento de población, el comercio, el incremento de las desigualdades, los desequilibrios demográficos o el cambio climático.

Desgraciadamente la actitud solidaria no es la regla universal. En la patria de los derechos humanos, en Europa o en Estados Unidos, proliferan actitudes xenófobas, racistas y populistas que visibilizan al extranjero como una amenaza, sin existir para ello fundamento. Más bien, por el contrario, nuestras sociedades envejecidas necesitan la aportación de los extranjeros. Pero las políticas en esta cuestión vienen dictadas por actitudes irracionales, que fundamentan y generan sentimientos de rechazo y aún de odio. De ahí que para analizar estos temas sea importante la investigación, por un lado, y la difusión de los valores, por el otro.

Estamos ante un primer acuerdo mundial que no genera obligaciones jurídico-internacionales directamente exigibles, es decir, ante un compromiso político, unos principios y unos objetivos.

En todo caso la migración ha entrado en el panorama político con sus elementos principales. Esto era previsible pues estamos ante un tema eminentemente transnacional, que siempre se ha tratado desde la perspectiva nacional, como de asunto interno, como indica M.J. Herrera.

Se trata de una pieza esencial de la gobernanza mundial, para lo que hemos contado con la sabia experiencia, dirección y consejo de María Jesús Herrera, antigua amiga del Movimiento por la paz, el desarme y la libertad y, en la actualidad, responsable en España de la Organización internacional de migraciones. Agradecemos su esfuerzo que creemos ha quedado reflejado en un número que evidencia que estamos en un punto de partida cuyo balance sería prematuro realizar.

Entendimos que el Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular constituía un hito sobre el que había que realizar una reflexión, para evaluar su significado en el marco de la cooperación internacional y europea, así como su relevancia político-jurídica. En él se diseñan 23 objetivos, unos principios, 187 propuestas de acción, que deben ser objeto de implementación en las políticas nacionales y regionales.

La denominación define una orientación y tiene un significado. El título de este número no la incluye totalmente pues que la migración sea segura, ordenada y regular no depende sólo de este instrumento sino de muchos otros y de las políticas regionales y nacionales.

El Embajador español encargado de estas cuestiones José Luis Pardo apunta a que estamos ante un hito histórico que empieza por considerar que la migración es, en esencia, positiva.

El pacto ofrece un marco para la cooperación, de naturaleza flexible y de carácter universal, sobre los aspectos que tiene la movilidad humana. Su elaboración, nos indica este diplomático, tiene dos grandes elementos, uno desde la perspectiva de los derechos humanos y el otro desde

la gestión de las migraciones que, finalmente, en el Pacto, aparecen como dos caras de la misma moneda.

Habrá que evaluar en un futuro si los principios rectores de este Pacto (respeto a la soberanía, cooperación, desarrollo sostenible, respeto de los derechos humanos, enfoque de género..)

se ven desplegados en los 23 objetivos que se diseñan y si estos son letra muerta o no. El pacto se asienta en la responsabilidad primordial de los Estados, pero introduce a las Naciones

Unidas en esta hoja de ruta. Varios estudios se refieren a la actitud de los Estados ante la migración. Los Estados de la Unión Europea no están dando muestras de profundizar en los valores

del artículo 2 del tratado de Unión Europea (democracia, derechos humanos, derechos de las minorías). Como indica Jesús Tolmo, de los cinco Estados en contra del pacto tres son miembros de la Unión Europea (República Checa, Hungría y Polonia) y otros se han abstenido (Austria, Bélgica, Italia, Rumania, Letonia). Es de destacar asimismo el análisis de Ruth Ferrero-Turrión, de la Universidad Complutense. A su juicio muchos países vieron el pacto de 2018 de Marrakech como una “injerencia en los espacios de soberanía”, mostrándose movimientos populistas y políticos muy contrarios en países como Bélgica, Chequia, Polonia, Eslovaquia, Croacia, Austria, Hungría, Estonia, Estados Unidos, Israel, entre otros.

El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas en el pacto, Miroslav Lajcak dimitió de su puesto cuando el parlamento de su país decidió no aprobar el pacto. La Unión Europea no adoptó una posición sobre el pacto, lo que evidencia un repliegue soberanista y de cierre de fronteras frente a la cooperación en la gestión y la ordenación de las migraciones, indica Ferrero-Turrión. Estos y otros datos evidencian que no estamos ante un pacto que genere un sólido consenso, lo que puede debilitar mucho su implementación.

Tampoco hay que olvidar el papel de la sociedad civil, a la que alude el párrafo 44 del pacto, analizado por Jesús Tolmo, de la Fundación CEPAIM. Tiene, indica, una función vital que puede posibilitar que la población reclame sus derechos y ayude a configurar políticas En el enfoque de derechos humanos es imprescindible el elemento de integración y de inclusión, algo cada vez más necesario tanto en España como en otros países europeos. A juicio de Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias de Instrategies, esta es una de las debilidades del pacto, que no está suficientemente analizada.

La responsable del área de la mujer del MPDL, Begoña Serrano, aborda el protagonismo de la mujer en las migraciones, pues ya no sólo son acompañantes de su pareja o padre sino que son protagonistas del fenómeno y que se ven condicionadas por las relaciones de género. También desde el enfoque de derechos destacan los análisis de Carmen Martínez Raposo de la Fundación Cruz Blanca, sobre la doble vulnerabilidad de las mujeres migrantes y su manifestación en la trata de seres humanos. Esta se daa fines de explotación sexual y también laboral, y está demasiado presente no sólo en las rutas migratorias sino también en las denominadas sociedades de acogida. Finalmente, Enrique Barbero, de Accem, analiza la importante cuestión de la aportación de los migrantes a la cultura y a la sociedad de acogida. Y Mamahdou Agne, de OIM, señala la importancia de la inclusión de la migración internacional como una realidad multidimensional para el desarrollo de los países de origen, de tránsito y de destino.

Esperamos que este número permita vislumbrar el alcance del Pacto, sus fortalezas y debilidadesy sirva, al menos, para intentar incidir en los elementos que puedan reforzar las políticas migratorias desde los valores de la modernidad.